Semana Santa sin playa: Los ticos estamos perdiendo el acceso al mar

Extranjeros en nuestra propia tierra

Estamos a las puertas de la Semana Santa. Esa época del año en la que medio país empaca la hielera, monta a la familia en el carro y agarra rumbo a la costa para buscar un merecido descanso. Sin embargo, cualquier costarricense que haya ido a Guanacaste recientemente (o que esté llegando justo hoy) se va a topar con un trago amargo: el mar es de todos, pero llegar a él se ha convertido en un lujo, en un negocio o en un deporte extremo.

Por ley, en Costa Rica las playas son públicas. Los primeros 50 metros desde la marea alta son inalienables. Pero en la práctica, estamos presenciando una privatización silenciosa y sistemática de nuestras costas. Ya no usan portones con candados porque saben que la gente los bota; ahora usan tácticas mucho más sofisticadas: el monopolio del acceso y la privatización por agotamiento.

Playa Conchal y el la parada obligatoria en Brasilito

Hace algunos años, podíamos llegar con relativa facilidad hasta los accesos cercanos a las arenas de Conchal. Luego, bajo una justificación ambiental totalmente válida y necesaria (proteger los millones de conchas que forman la playa), se restringió el ingreso de vehículos. Hasta ahí, todos estamos de acuerdo: la protección de la naturaleza debe ser prioridad.

El problema radica en la dinámica excluyente que se generó a raíz de esta medida. Al no existir una infraestructura municipal que garantice un acceso público digno y cercano, la entrada desde Brasilito se ha vuelto un desafío logístico para el tico promedio. Ante la necesidad de no caminar más de un kilómetro por la arena bajo el sol inclemente de abril cargando sillas, niños y hieleras, han surgido servicios privados de parqueo y transporte en cuadraciclo como única alternativa viable para muchas familias.

Esto genera una paradoja que frustra a miles de visitantes: se restringe el paso de los vehículos familiares para proteger el entorno, pero la ruta por la arena es transitada constantemente por cuadraciclos que ofrecen traslados a cambio de un pago. Al final de cuentas, la logística para que una familia pueda disfrutar de esta playa termina requiriendo un presupuesto extra obligatorio.

Todo esto sin hablar de las sillas y espacios de masajes que ocupa el hotel en la playa

Esto nos lleva a una pregunta fundamental que las autoridades deben responder: ¿Por qué los vehículos no pueden acercarse al espacio público que está antes de la playa? La Ley de Tránsito prohíbe ingresar los carros a la zona de arena, y eso es indiscutible. Sin embargo, los visitantes se topan con postes y barreras que bloquean el paso mucho antes, impidiendo el uso de espacios que perfectamente podrían funcionar como parqueos públicos sin invadir la zona protegida. ¿Bajo qué criterio técnico se colocan estas barreras que asfixian al conductor antes de llegar al límite legal? ¿A quién beneficia realmente que el ciudadano no pueda estacionar su vehículo en las vías de acceso colindantes?

Privatización por agotamiento

Si el modelo de Conchal te molesta, el de otras playas indigna (sin decir nombres para evitar demandas). Hay una pequeña y hermosa playa que ha estado en la mira de mega-proyectos hoteleros. Como la ley les impide cerrar el paso peatonal, los desarrolladores y autoridades han optado por una táctica: dificultar la logística del visitante.

Han colocado postes y barreras a lo largo de la calle pública para impedir que cualquier vehículo estacione cerca. ¿El resultado? Si eres un tico promedio que va en esta Semana Santa con su familia, la hielera, las sillas, la sombrilla y los niños, te obligan a parquear a distancias absurdas y caminar por pendientes pronunciadas.

Esto se llama privatización por agotamiento físico. Saben que una familia no puede caminar kilómetros cuesta arriba cargando sus cosas. Así, logran mantener la playa "limpia" de locales y exclusiva para huéspedes de mega-resorts que bajan cómodamente en carritos de golf, o para los pocos jóvenes con la condición física para hacer el trekking.

El ejemplo de Garabito: Lo que falta es voluntad

De nada nos sirve tener una Ley de la Zona Marítimo Terrestre que jure que las playas son públicas, si el Estado mira para otro lado mientras nos cierran el paso. Y aquí es donde el problema de la sombrilla y la hielera se convierte en un tema puramente político.

No es imposible solucionarlo. Solo hay que volver a ver hacia el Pacífico Central. En los últimos meses, hemos visto el trabajo de la alcaldía de Garabito, metiendo maquinaria pesada y usando su autoridad para abrir accesos públicos reales y dignos a las playas de su cantón, quitando estorbos y devolviéndole la costa a la gente.

¿Por qué en Guanacaste esto parece ciencia ficción? ¿Cuándo veremos a los alcaldes guanacastecos fajarse así para defender el derecho del ciudadano común frente a los intereses inmobiliarios? 

Alguien sabe si por el Jobo hay pulperias? Por aquello de que me de sed

La bola está en la cancha de Laura Fernández

La gran pregunta final queda sobre el escritorio de la nueva administración. Laura Fernández entrará a Zapote este próximo 8 de mayo con una "aplanadora" de 31 diputados y un mandato popular arrollador.

¿Le entrará la "Tercera República" a este problema? ¿Se atreverán desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo a poner en regla a las municipalidades costeras que parecieran ser cómplices por omisión de esta privatización silenciosa?

Tienen el poder absoluto para hacerlo. Ahora nos toca vigilar si usarán esa fuerza política para devolverle las playas a los ticos, o si preferirán mantener el "status quo" para no incomodar a los grandes desarrolladores. Mientras tanto, a los ticos en esta Semana Santa no nos queda más que preparar las piernas para caminar y alistar la billetera para pagar peajes en nuestra propia tierra.